Al contrario que el gobierno Español,el Británico ha aprobado en las últimas semanas varias medidas de control del gasto público con el objetivo de sanear la economía.
El Gobierno Británico parece determinado a revertir gran parte agenda ecológica y social-demócrata que le imponía Bruselas antes del Brexit. Ya ha dado marcha atrás en las políticas de ideología de género y gran parte de la agenda climática, y ahora se dispone a arreglar la economía.
A la bajada de las cotizaciones sociales anunciada antes de Navidad, se suma ahora una reconsideración de los criterios para otorgar ayudas sociales. El primer ministro, Rishi Sunak explicó esta semana que pretende reformar el sistema de bienestar social con el fin de que “todo el que pueda trabajar, trabaje”. Se trata de una reforma que afectará a todo el sistema y no sólo a los subsidios.
Actualmente en el Reino Unido hay tres veces más personas consideradas como “no aptas para trabajar” que hace una década, una cifra que el primer ministro considera que no responde a la realidad, y que por tanto es síntoma de la necesidad de reformar el sistema.
Este planteamiento contrasta con las últimas medidas adoptadas por el gobierno español en material laboral donde la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, pretende aumentar los subsidios a los parados una vez agotada la prestación contributiva, así como aumentar también el número de beneficiarios. Será la segunda vez que Yolanda Díaz aumente este subsidio. El primero supuso un aumento del gasto en 2.500 millones de euros.
Y en cuanto a los criterios para recibir ayudas, qué podemos decir: mientras en otros países se ajustan los criterios para atajar el fraude, en España lo ponemos en bandeja con iniciativas como las auto-bajas de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Quizá sería bueno que Pedro Sánchez y sus ministras miraran a su alrededor y tomaran un poco de ejemplo.
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