El dolor de cabeza que supone para el gobierno británico el flujo de inmigrantes ilegales en embarcaciones a través del canal de la mancha, más de 30.000 en 2023, tuvo esta semana un nuevo capítulo con la aprobación de un nuevo texto que permite la deportación de falsos solicitantes de asilo a Ruanda.
Este es el segundo proyecto de ley sobre esta materia. El primero fue declarado ilegal por la Corte Suprema Británica alegando que no se garantizaba la seguridad de los deportados. El nuevo texto intenta salvar este escollo tras haberse firmado un nuevo tratado con Ruanda que precisamente refuerza la seguridad evitando el envío de los deportados a sus países de origen desde Ruanda.
Recordemos que uno de los principales estandartes políticos del partido conservador en el Reino Unido es la firmeza frente a la inmigración ilegal. Además de afrontar un problema que preocupa enormemente a la ciudadanía, esta firmeza permite al gobierno mostrar algunas ventajas del Brexit si se compara con la política migratoria de la Unión Europea.
Pero la aprobación de este texto tiene un significado más allá de la política de inmigración, pues ha supuesto un auténtico enfrentamiento interno del primer ministro con un grupo de Tories que demandaba términos más contundentes. Este conflicto ha terminado con la dimisión de dos vicepresidentes del partido conservador cercanos a Boris Johnson.
La aprobación supone un alivio para Sunak, que no puede permitirse decepcionar a su base electoral en un año en el que se prevén elecciones generales para el otoño.
Con todo, el futuro de esta ley no es nada cierto. Todavía tiene que pasar por la cámara de los lores, y aunque se aprobara, los laboristas han prometido derogarla si ganan las elecciones tal y como les auguran las encuestas.
Aunque Ruanda ya ha recibido casi 240 millones de libras (280 millones de euros) del Reino Unido, este dinero únicamente se aplicará si los inmigrantes llegan efectivamente a Ruanda y, si no, según afirma el Gobierno de Ruanda, sería devuelto.
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