La libertad de expresión en las universidades, los centros desde donde se expande la ideología woke por el mundo en el XXI, es la cuestión sobre la que se han revelado más de 600 académicos británicos, entre los que se encuentran siete premios Nobel.
La recién llegada secretaria de Estado de Educación y ministra de Mujeres e Igualdad, la laborista Bridget Philipson, decidió, como medida de estreno, suspender la legislación que protege la libertad de expresión en los campus universitarios. Las reacciones en contra no se han hecho esperar.
Se ha puesto en marcha una campaña por la que se pide a la ministra que dé marcha atrás en una medida que en el pasado ha demostrado ser facilitadora de la censura ideológica.
Hay un recurso legal presentado y una carta firmada por centenares de académicos de muy diversas posiciones ideológicas. Por el momento, la única respuesta obtenida de Phillipson es que está dispuesta a escuchar todas las opiniones en una cuestión que no depende de escuchar opiniones, sino de respetar las leyes por el bien de la convivencia y del sentido común y de los pilares que sostienen una cultura.
El exjuez del Tribunal Supremo Lord Sumption ha advertido que retirar la legislación equivale a una traición a la vocación de nuestras universidades, al mismo tiempo que sostiene que los académicos que han respaldado la campaña en contra de la decisión de la ministra tienen opiniones muy diferentes sobre muchos temas distintos, pero están unidos en su defensa del derecho a hablar sin poner en peligro sus carreras.
En la última década, se han producido numerosos casos de académicos acosados, marginados, amenazados con procedimientos disciplinarios, obligados a autocensurarse e incluso despedidos, por negarse a aceptar los clichés habituales sobre cuestiones que son materia de legítimo debate, como la identidad de género, el colonialismo, la esclavitud o la discriminación racial. Esta censura tuvo su máxima expresión y peores consecuencias con la supresión de la investigación universitaria sobre los efectos de los bloqueadores de la pubertad. Esta censura a la investigación facilitó uno de los grandes escándalos médicos de nuestra era en Reino Unido, con la administración a miles de niños de bloqueadores de pubertad de efectos irreversibles.
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