Jeremy Hunt, el actual ministro de economía de Gran Bretaña, pronunció su declaración de otoño el 17 de noviembre, advirtiendo de los sacrificios necesarios para reflotar la economía.
Pero a diferencia de lo que sucedió con su predecesora, Lis Truss, el plan de Hunt ha dejado impasibles a los mercados. Muchos afirman que esa estabilidad es debida a que Hunt ha aplazado las reformas más dolorosas hasta después de 2025, cuando los británicos habrán elegido a un nuevo gobierno.
Aunque se preveía un plan más austero, el gobierno parece decidido a proteger a los más vulnerables. Ha aumentado las pensiones al ritmo de la inflación mientras que los ricos tendrán impuestos más altos, dado que se mantiene congelada la escala progresiva de los impuestos sobre la renta, la herencia y las ganancias de capital.
El gobierno planea recortar la inversión neta del sector público como parte del PIB, pero sólo después de las próximas elecciones. A corto plazo, también se impulsará el gasto en investigación y desarrollo.
Se trata de un presupuesto que no defrauda a casi nadie pero que no oculta la gravedad de la crisis del coste de la vida y de la energía. Todos los británicos verán reducida su renta disponible en al menos un 8% de media.
En junio de 2010, el entonces recién elegido primer ministro conservador George Osborne se quejó de haber recibido del gobierno laborista saliente “la peor herencia económica que haya legado ningún gobierno moderno”. Con la caída del nivel de vida, la carga fiscal a punto de subir a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y la mayor reducción del gasto aún por venir, los conservadores pueden estar a punto de devolverle el favor a los laboristas si éstos ganan las elecciones en 2025.
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